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El Gobierno Nacional expidió el pasado 29 de diciembre de 2025 el Decreto 1474, en cuyo artículo 1 se incrementa el IVA para licores fuertes como aguardiente, ron, entre otras bebidas, pasando del 5% al 19% para la vigencia 2026. Por otra parte, a través del artículo 15 del citado decreto, se incrementó en un 119% la tarifa del componente específico del impuesto al consumo, al pasar del $342 en el 2025 a $750 en el 2026 por grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos.
Adicionalmente en el mismo artículo, el componente ad valorem del impuesto al consumo, que se liquida sobre el precio de venta al público del licor antes de impuestos (determinado por el DANE), pasó de un 25% a un 30%.
Con estos incrementos, se estima que una botella de 750 mililitros de Aguardiente Amarillo de Manzanares tendría en 2026 un precio de venta al público sugerido de $71.112 frente a $49.705 en 2025, es decir $21.407 más, equivalente a un aumento del 43%.
De otro lado una botella de 750 mililitros Ron Viejo de Caldas tradicional costaría $30.059 más (incremento del 55%), pasando de un precio de venta al público sugerido de $54.545 en 2025 a $84.604 en 2026. La Industria Licorera de Caldas (ILC) manifiesta a la opinión pública su posición sobre este tema:
Consideramos que este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector representa el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos totales desde el sector agrícola hasta el comercial (hoteles, bares, restaurantes, ferias, eventos, etc).
En casos similares en otros países en los que se ha aumentado el precio del licor para reducir su consumo, se ha visto que por el contrario se desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en alto riesgo la vida de las personas. Según la firma Euromonitor, en Colombia cerca del 24% del licor consumido es ilegal, cifra que podría aumentar a niveles alarmantes ante el alza en los precios de las bebidas.
En los últimos dos años, la ILC ha aportado cerca de $1,2 billones a la salud y educación de los departamentos en Colombia por impuesto al consumo, de los cuales cerca de $120 mil millones correspondieron a Caldas. Estos recursos se verían afectados por el exagerado aumento de precio de los productos y por el incremento de la ilegalidad.
También hay que dejar en claro que, según el decreto, los departamentos deben de girar al Gobierno Nacional el excedente que recauden del incremento del 119% de la tarifa del componente específico del impuesto al consumo y del componente ad valorem del impuesto al consumo. Es decir, estos recursos no llegarán a las regiones para salud y educación, sino que pasarán al Presupuesto General.
Reiteramos nuestro compromiso por promover el consumo responsable de alcohol, con la difusión constante de campañas y mensajes por medios digitales y tradicionales, así como en la innovación del portafolio con nuevos productos con menos porcentaje de alcohol, entre otras iniciativas.
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