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La Defensoría del Pueblo identificó afectaciones que requieren atención prioritaria en Caldas, luego de los recorridos de verificación humanitaria realizados tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Entre las principales alertas se encuentra el desabastecimiento de medicamentos esenciales para la atención en salud mental, además de daños en viviendas e infraestructura pública, especialmente en las zonas rurales.
La entidad advirtió que la interrupción en el suministro de medicamentos como risperidona, quetiapina y escitalopram en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores representa un riesgo para la estabilidad física y emocional de personas en condición de especial vulnerabilidad.
Ante esta situación, la Defensoría instó a las EPS e IPS a adoptar medidas inmediatas para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de los tratamientos, así como a eliminar las barreras administrativas que puedan impedir el acceso a los servicios de salud.
Los recorridos también permitieron establecer que las mayores afectaciones se concentran en las zonas rurales del departamento, donde numerosas familias reportan daños en sus viviendas y medios de subsistencia. A esto se suman afectaciones en infraestructura estratégica para atender la emergencia, entre ellas centros hospitalarios, sedes administrativas, estaciones de Policía y organismos de socorro, situación que limita la capacidad de respuesta institucional.
Frente a este panorama, la Defensoría pidió a los gobiernos departamental y nacional acelerar la asignación de recursos y la ejecución de las intervenciones prioritarias definidas en el Puesto de Mando Unificado (PMU).
Como respuesta a la emergencia sanitaria relacionada con la falta de medicamentos psiquiátricos, la entidad articuló esfuerzos con asociaciones médicas de Caldas para gestionar la donación y entrega directa de medicamentos e insumos destinados a pacientes con necesidades prioritarias de atención en salud mental en los albergues habilitados.
La medida busca evitar la interrupción de tratamientos y reducir los riesgos derivados de la falta de acceso a medicamentos especializados. Paralelamente, la Defensoría mantiene el seguimiento a la consolidación de los censos oficiales de personas afectadas y a la evaluación de las condiciones de habitabilidad en los territorios.
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